A juicio tres del Esmad y dos del Goes por golpear a una joven
Los hechos se dieron en el marco de las protestas de abril pasado, señala la Procuraduría.
Tres agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y dos del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), adscritos a la Policía Nacional, fueron llamados a responder en juicio disciplinario por la Procuraduría General.
Los cinco uniformados incurrieron en “un claro abuso de la fuerza”, señala en un pliego de cargos el Ministerio Público, en referencia a la golpiza que le propinaron el 12 de abril pasado a una adolescente de 17 años, en desarrollo de la ola de protestas que se cumplía en todo el país contra el Gobierno Nacional.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Popayán, cuando la menor se encontraba grabando imágenes de los distrubios en el antejardín de una vivienda en el barrio Versallles-Pajonal.
Allí fue abordada y atacada a golpes por los agentes, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente de la agencia fiscal.
Las acciones del personal oficial las tipificaron como “gravísimas a título de dolo”, puesto que con su actuar le causaron “daño a la integridad física y moral de la adolescente”.
Los uniformados fueron identificados como: Julián Andés Martínez Pérez, Hugo Martínez Martínez y John Jader Montenegro Camili, pertenecientes al Esmad.
Los del Goes responden a los nombres de: Ricardo Andrés Salazar Manrique y Edwin Orlando Cortés Cifuentes.
Para la Procuraduría General de la Nación "el procedimiento para identificar y/o registrar a la joven realizado por efectivos del GOES, utilizando la fuerza desmedida y sujetándola para que otro miembro del Esmad la golpeara, resulta desde todo punto de vista desproporcionado e ilegal".
El Ministerio Público también conceptuó que existe un protocolo y normatividad para actuar en este tipo de casos:
"La fuerza física estaba autorizada única y exclusivamente para prevenir o mitigar el riesgo de posibles violaciones a los derechos fundamentales de las personas y con mayor razón la de niños, niñas y adolescentes objeto de protección constitucional especial".